Los contadores públicos registrados (o inscritos) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que realizan dictámenes fiscales tienen la obligación de notificar al fisco si un contribuyente está cometiendo un delito fiscal y en caso de no hacerlo el contador será acusado de encubrimiento y podrá ser acreedor hasta a seis años de cárcel.
En la Miscelánea Fiscal 2022 se reformó el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que los contadores públicos asuman esta nueva obligación, ante ello el Instituto Mexicano de Contadores Público (IMCP) ha sostenido que es necesario cambiar el CFF pues el contador público registrado no tiene la preparación en materia de comisión de delitos fiscales.
En este sentido, la autoridad fiscal también modificó el plazo para presentar el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el cual será el 15 de mayo del 2023.
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